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Competencia obliga a identificar con claridad la empresa suministradora para que no confundan a los clientes

La CNMC obliga a las compañías energéticas a diferenciar sus marcas

Los grupos tienen diversas comercializadoras y el 80% de los usuarios no saben con quien contratan el suministro

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Las principales compañías energéticas españolas se verán obligados a cambiar su imagen de marca tras la aprobación por parte de la CNMC de una Decisión Jurídicamente Vinculante que afecta a Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP, Viesgo, CHC, Alumbrado Eléctrico de Ceuta y Teramelcor.

La norma tiene como objetivo que los consumidores puedan identificar claramente a la compañía que les suministra energía.

La realidad es que un mismo grupo empresarial puede ofrecer sus servicios a través de distintas comercializadoras. Esto ocasiona que ocho de cada diez hogares españoles sea incapaz de distinguir si están pagando por el suministro un precio regulado o un precio libre, tanto en electricidad como en gas. La similitud entre nombres y logos facilita la confusión en el cliente.

Por todo ello, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia obliga a estas compañías a cambiar de denominación social, imagen de marca y canales de comunicación con sus clientes en el plazo de seis meses.

La medida se aplica a las compañías distribuidoras de gas y electricidad, en el último caso con más de 100.000 clientes, comercializadoras de referencia o de último recurso. De esta forma, indica la CNMC, los consumidores podrán identificar correctamente en sus facturas quién oferta el servicio y si es mercado libre o regulado.

En la actualidad, un mismo grupo empresarial puede comercializar el gas y la electricidad a sus clientes a través de dos empresas distintas, que facturan diversos precios por la electricidad y el gas. Son las llamadas comercializadoras de referencia (comercializadores de último recurso en el sector gasista) para el suministro regulado o comercializadoras del mercado libre.

El cliente de la comercializadora de referencia paga un precio regulado por su consumo –el llamado PVPC en el sector eléctrico, TUR en el caso del sector gasista). Además, solo si está suscrito al PVPC, en el sector eléctrico, puede solicitar el bono social (descuentos de entre 25% y 40%) cuando tenga derecho a este descuento.

Por el contrario, cuando el cliente tiene su suministro con una comercializadora del mercado libre, paga el precio que libremente acuerde con la comercializadora por la energía consumida. Además, podrá contratar servicios adicionales, como seguros de mantenimiento, servicios de averías y otro tipo de vinculaciones con periodos de permanencia y penalizaciones, en algunos casos.

Cambios exigidos

La nueva normativa viene a responder también a las repetidas denuncias por parte de las asociaciones ante la indefensión en la que se encuentran los consumidores, que además afecta a la competencia del mercado.

En primer lugar, les obliga a modificar la denominación social para evitar la confusión en la presentación de la marca respecto a las sociedades del mismo grupo que realicen actividades de comercialización. La CNMC advierte de que la incorporación del término “distribuidor” o “comercializador de referencia” o “comercializador de último recurso” no será suficiente.

En segundo lugar, tendrán que cambiar el logotipo (imagen de marca) de forma que su comparación gráfica, fonética o conceptual, no induzca a error. En este sentido se advierte que utilizar palabras, letras, cifras, figuras, signos, dibujos o símbolos iguales entre la comercializadora de referencia, la libre y la distribuidora confunde a los clientes.

En tercer lugar, se obliga no crear confusión en la información que se remite a los consumidores por cualquier canal de comunicación (telefónico, escrito, web, presencial). El objetivo es evitar la confusión sobre la identidad de las filiales del grupo que realicen actividades de comercialización. En la información deberá quedar diferenciada e inequívocamente identificada la empresa.

En un periodo de tres meses, las empresas afectadas podrán aportar a la CNMC las medidas que van a realizar para que se valore si se ajustan a los cambios requeridos.

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