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Esta mañana se ha celebrado el seminario "Las políticas de bienestar en la España de las autonomías"

F. Pérez: “El patrón de gasto territorial es parcial y genera fuertes anomalías”

Los ponentes han recalcado que quedan "deberes por hacer" en el proceso de descentralización y que los cálculos de nivelación territorial no pueden basarse en el "chapapote" de las necesidades

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Guillem López (Universidad Pompeu Fabra), Francisco Pérez (IVIE-Universitat de València) y Santiago Lago (Universidad de Vigo)

Francisco Pérez, director del Instituto Valenciano de Investigaciones Economicas (IVIE), ha manifestado en la mañana de hoy que “en la situación actual del Estado de las Autonomías, el patrón de nivelación basado en garantizar un gasto territorializado proporcional por habitante es sólo parcial, lo que genera unas anomalías muy fuertes”.  Por su parte, Santiago Lago, catedrático de la Universidad de Vigo, ha subrayado que “hay deberes pendientes en el proceso de descentralización”. Guillem López, de la Pompeu Fabra, ha afirmado que la nivelación del gasto territorial “se debe acotar desde la capacidad fiscal de cada autonomía y no desde sus necesidades: éste es un terreno en el que siempre nos vamos a perder”.

Los tres han participado en el seminario Las políticas de bienestar en la España de las autonomías, organizado por IvieLAB y celebrado en la sede de la Fundación Universitat-Empresa de València (Adeit).

Problemas tan notorios como el de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana han llevado al IVIE a formularse preguntas como: ¿Son compatibles la autonomía de las comunidades y una garantía de igualdad en los servicios públicos fundamentales entre ciudadanos de distintos territorios? ¿Es homogéneo el estado de bienestar en España o tan heterogéneo que puede hablarse de distintos estados del bienestar en cada comunidad autónoma? ¿A qué es debida esta heterogeneidad?

El seminario lo ha abierto Francisco Pérez con su ponencia Una visión del estado de bienestar y la solidaridad territorial en España. Ha empezado con la definición general del concepto “estado de bienestar”: aquel que “protege a sus ciudadanos ante los riesgos de la vida y garantiza la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios públicos”. El tamaño del estado del bienestar en España es de “dos terceras partes del gasto público: las que se dedican a pensiones, paro, protección social, educación y sanidad”. 

Como ha señalado, “los técnicos sólo podemos poner cifras. El resto depende de las preferencias sociales de los políticos, del coste que estimen oportuno para cada partida, de la aplicación de reformas que siempre beneficiarán a unos más que otros”. Así , la primera de las cifras que ha deslizado el catedrático de Análisis Económico de la Universitat de València (UV), puede resultar sorprendente: en el año 2.000, el gasto destinado al mantenimiento del estado de bienestar era el 56,2% del total de los fondos estatales; en 2016, del 63,7%, por lo que es obvio que “el tamaño ha crecido a pesar de la crisis”.

Entonces, ¿por qué esta insatisfacción general que hoy vivimos? La contracción del PIB sufrida por la crisis ha reducido el gasto por habitante, “tras años de trayectoria expansiva”. Y la descentralización del gasto ha llevado a que, en la actualidad, “las comunidades autónomas tengan que dedicar tres cuartas partes de su esfuerzo económico al mantenimiento del bienestar”. De tal manera, es sencillo entender la disminución de la solidaridad interregional, que afecta de forma bien conocida a la Comunitat Valenciana. Ése es el patrón de gasto “sólo parcial” que ha señalado en su conclusión. Pérez ha ilustrado su ponencia con gráficos en que se ordenaban las comunidades por niveles de bienestar, y las  forales -Navarra y País Vasco- se encontraban en los picos más altos. Además, esos niveles descendían de norte a sur de España.

Santiago Lago, catedrático de Economía aplicada y director del grupo de investigación económica GEN, ha basado su ponencia Objetivos e instrumentos: ¿nivelar los servicios o nivelar los recursos? en en el hecho histórico de que “veníamos de un Estado totalmente centralizado, y el proceso de descentralización vino después. No se creó por la suma de varios territorios, como en otros casos”. Las herramientas de descentralización administrativa que se utilizan son “las transferencias incondicionales, por la cual a cada autonomía se le asigna una cantidad y cada cual la gasta en lo que quiere”. Aunque ha reiterado su firme convicción en el modelo de estado descentralizado, ha alertado de que “no podemos asumir de forma acrítica que se pueda transferir presupuesto incondicionalmente. Tenemos por delante el trabajo de ser capaces de diseñar un sistema que actúe en consecuencia, y que lo que se destine para sanidad, se gaste realmente en sanidad”.

Finalmente, el balear Gullem López, que también es fundador y director del Centro de Investigación en Economía y Salud (CRES), ha puesto el acento en que “las comunidades forales deben participar en la nivelación territorial del estado de bienestar. No puede ser que la condonación por parte del Estado de su participación en él se haya cargado a cuenta del resto de las autonomías”. Consciente de que vivimos en un “estado muy diverso, y que el déficit fiscal es déficit social” ha expresado su convicción de que para calcular el dinero a asignar a cada territorio “se debe basar en el cálculo de la capacidad fiscal, porque es algo que podemos controlar. Debemos escapar del ‘chapapote’ del cálculo de necesidades, donde tropezaremos con diferencias de criterios sociales, educacionales, etc”.

Posteriormente, se ha abierto un debate en el que ha surgido la palabra “galimatías” como descripición general del momento que atraviesa la financiación del Estado de las Autonomías. Esperemos que se escuche a los especialistas y la maquinaria estatal se desengrase, por fin, por nuestro bienestar.

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