El pasado 13 de febrero, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acordó requerir al Consejo de Ministros para que derogue las restricciones a la competencia contenidas en el Real Decreto por el que se establecen normas complementarias al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor.

Por un lado, el Real Decreto, que afecta especialmente a Uber y Cabify, prohíbe comerciar con las licencias de Vehículos de Transporte Concertado (VTC) durante dos años. La CNMC considera que esta prohibición desincentiva que nuevas empresas entren en el mercado, ya que limita su capacidad de abandonarlo en ese tiempo. Con esta medida, se limita la liquidez del mercado secundario de licencias, cuya función es facilitar que haya más empresas en el mercado. Esto terminará repercutiendo negativamente sobre los pasajeros, usuarios de los servicios VTC.

Por otro, se obliga a los titulares de las VTC a comunicar a un registro administrativo los datos de cada viaje antes de su realización. Esta medida supone una barrera a la movilidad geográfica de las compañías VTC, tanto por la exhaustividad de la información que se les requiere como por la exigencia de comunicación del viaje antes de completarlo.

La CNMC señala que no se aprecian motivos que justifiquen la creación de un registro a escala nacional donde deban figurar singularmente cada uno de los servicios prestados por cada operador antes de que se realicen. Se trata de un control administrativo de la actividad que podría realizarse a posteriori.

En noviembre de 2017, la CNMC ya elaboró de oficio un informe sobre el proyecto de Real Decreto recién aprobado, en el que alertaba sobre las restricciones a la competencia que incluye y su falta de justificación. La versión final del Real Decreto, que fue aprobada el pasado 29 de diciembre, mantiene las fuertes restricciones a la competencia identificadas por la CNMC.