Mientras judicialmente parecen desmoronarse  las acusaciones contra la concesionaria del Proyecto Castor, de Vinaròs, el Ministerio de Energía sigue pagando anualmente los 15,7 millones de euros que cuestan las operaciones de mantenimiento de las instalaciones marinas y terrestres del reservorio de gas, que lleva hibernado desde 2014. De ahí que al Estado le ha costado mantener la infraestructuras 47 millones de euros.

Una pregunta parlamentaria sobre el futuro de las instalaciones ubicadas frente a la costa vinarocenses formulada por portavoz de Equo y Unidos Podemos-En Comú Podem, Juantxo López de Uralde,  tras conocerse que el almacén de gas Castor no podría volver a acumular gas, ha permitido conocer los costes de su mantenimiento. Las pruebas de inyección de gas provocaron temblores que fueron denunciados por plataformas vecinales de la zona, lo que obligó a parar las operaciones de almacenaje de gas. Además, se produjeron denuncias que acabaron en los tribunales.

Ahora, los resultados de las periciales presentadas ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga las supuestas irregularidades en la concesión del proyecto Castor, echan por tierra los argumentos de la acusación penal contra la empresa concesionaria Proyecto Castor, Escal UGS. En el informe que tiene el juzgado, figuran los datos acerca del caudalímetro de la planta que demuestran que la filial de la compañía ACS redujo el nivel de inyección los días 12 y 13 de septiembre del 2013, tras los pequeños terremotos que se registraron frente a las costas vinarocenses, en el límite con Cataluña. Y que lo hizo horas antes, incluso, de que el Observatorio del Ebro lo recomendara a la compañía como medida de seguridad.