La confederación empresarial de la Comunitat Valenciana, CEV, denuncia que las obras de ampliación de la V21 en su tramo final desde Carraixet a Valencia, ya en fase de licitación y apertura de ofertas económicas y, por tanto, en la recta final de una tramitación que se ha alargado una década, se vean ahora paralizadas por acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Valencia.

La ampliación de la V21 en su tramo Carraixet-Valencia es una de las infraestructuras identificada como prioritaria en el Informe Infraestructuras para el desarrollo socioeconómico de la Comunitat Valenciana que enumera y cuantifica las infraestructuras prioritarias para impulsar la competitividad de las empresas y el desarrollo sostenible del territorio. Dicho informe ha sido elaborado por el grupo de trabajo constituido en el seno de la CEV en el que participan representantes de la Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obras de la Administración (FECOVAL), la Federación de Empresarios de la Construcción (FEVEC) y la Cámara de Contratistas y que ha contado con las aportaciones de la administración autonómica y central, de las autoridades portuarias de la comunidad, de Red Eléctrica Española e Ineca.

La CEV considera la V21 una vía de conexión estratégica para el desarrollo económico, para el tráfico de mercancías y para la movilidad ciudadana. Su importante densidad de tráficos arroja un histórico de siniestralidad que hace irrenunciable su ampliación con un tercer carril en cada sentido para evitar la saturación y el colapso de los tráficos de acceso de entrada y salida a la ciudad de Valencia.

La CEV denuncia este cambio de reglas de juego con la partida en su recta final. De hecho su paralización, a instancias de las mismas formaciones políticas que en 2015 apoyaron el proyecto, se produce en el tramo final de su tramitación, superada ya la fase de consultas y exposición pública y con los preceptivos informes ambientales, urbanísticos, jurídicos y de toda índole que exige una obra de esta magnitud ya aprobados.

La CEV emplaza a las administraciones públicas y a las diferentes fuerzas políticas a trabajar conjuntamente para que el desarrollo de las infraestructuras de la Comunitat Valenciana se lleve a cabo en el marco de un pacto global con una estrategia común y estable en el tiempo.