Los promotores plantean los problemas sociales, económicos, jurídicos que supone el Pativel

La Federación de Empresas Promotoras de la Comunidad Valenciana, Feprova, ha organizado una jornada para analizar el Pativel desde tres grandes ejes: desde el punto de vista económico, jurídico y social. En la presentación de la jornada, Antonio Olmedo, presidente de Feprova, ha incidido en la preocupación del sector frente a un Pativel que, en su opinión, genera inseguridad jurídica y económica. ‘Y nos preocupa porque el litoral concentra en nuestra Comunidad el 15% del PIB que se produce, más del 85% del valor añadido bruto que genera el turismo y es el espacio donde reside el 80% de la población,’ ha destacado el presidente.

La primera mesa de debate se ha centrado en las consecuencias de pérdida de inversión y empleo y Armando Ortuño, ingeniero de Caminos y profesor de Urbanismo en la Universidad de Alicante, ha señalado que ‘cabe realizar una nueva mirada sobre nuestro modelo de territorio y aprovechar el activo que nos ofrece la desestacionalización y los nuevos hábitos de ocio, puesto que genera riqueza y empleo de manera continuada’.

Armando Ortuño advierte de la pérdida de empleo que puede provocar la desinversión y la renuncia a esa barrera de 15.000 viviendas que condicionaría el Pativel en un horizonte de cinco años. Por su parte, Eduard Navarro, fundador de Net de Guerrers, ha recordado que ‘la inversión extranjera busca seguridad jurídica y el Pativel, hoy por hoy, no ofrece esas garantías, sino pone de acuerdo a propietarios, promotores y administración’.

La segunda mesa redonda ha servido para sacar analizar las deficiencias en su redacción y las consecuencias en los planeamientos vigentes; la imprecisión en las regulaciones de categorías de suelo, las responsabilidades patrimoniales o la problemática de los terrenos con PAI aprobados.

Carlos Canellas, abogado especialista en urbanismo, ha comentado que ‘genera incertidumbre e indefensión la ausencia de especificaciones sobre la motivación para incluir o excluir terrenos en un periodo de transición según promueve el Pativel’. Por su parte, Rafael Ballester ha recordado la insuficiente participación pública, la ausencia de una rigurosa evaluación socieconómica y la falta de garantía al derecho de indemnizaciones.,

Los ponentes coincidieron que es necesario un Pativel, pero no el actual modelo, que calificaron de instrumento de prohibición, antiurbano, carente de rigor y sin estudios de viabilidad, sostenibilidad y socioeconómicos.

La tercera mesa abordó el Pativel desde el punto de vista social y en la misma se enfatizó que “el 85% del suelo afectado está en manos de pequeños propietarios, a los que habría que darles las garantías y explicaciones pertinentes”, para añadir que “desde el punto de vista económico, es un desastre para los propietarios”-

En el último tramo de la jornada, Juan Antonio Santamaría, catedrático de Derecho Administrativo por la Complutense de Madrid y abogado en Gómez Acebo y Pombo, ha expuesto que “la estrategia que plantea el Pativel para la Comunitat Valenciana se fundamenta en una utopía y no existe presupuesto público para dejar libre y cuidar todo ese territorio’.

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