El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha entregado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el que se ha reunido este jueves en el Palacio de La Moncloa, un decálogo de propuestas para llevar a cabo una reforma del sistema de financiación que garantice la suficiencia financiera de las comunidades autónomas y les permita desempeñar su misión fundamental, que es -ha asegurado- «el mantenimiento y desarrollo del Estado del bienestar».

El jefe del Consell ha insistido en que acordar un nuevo modelo de financiación antes de que concluya 2017 es «absolutamente necesario para garantizar la viabilidad de las instituciones de autogobierno valenciano y para acceder a un nivel de servicios públicos equiparable al del resto de los españoles». Asimismo, ha resaltado que, desde el punto de vista de la Generalitat, «la Comunitat Valenciana está comprometida en buscar todos los espacios posibles de diálogo para resolver los problemas de los ciudadanos».

El decálogo que Puig ha entregado a Rajoy aboga por un «gran acuerdo político» en el que se incluyan todos los partidos con representación parlamentaria y todos los territorios para conseguir «que haya singularidad entre territorios e igualdad entre ciudadanos, que es el gran objetivo», ha aseverado el president.

El jefe del Consell ha incidido también en que el informe redactado por la comisión de expertos para la reforma de la financiación autonómica es «un punto de partida útil» para forjar dicho acuerdo, por lo que ha pedido que se ponga en marcha el Comité Técnico Permanente de Evaluación del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) «con la mayor rapidez posible».

Una reforma basada en cuatro pilares

Tal y como ha manifestado Puig, el nuevo acuerdo de Estado sobre financiación debe contemplar cuatro pilares fundamentales para el Gobierno valenciano. En primer lugar, basarse «en la suficiencia de recursos para que las comunidades autónomas desarrollen de manera adecuada sus funciones», ya que, según ha argumentado el president, son las que asumen el gasto en educación, sanidad y servicios sociales y las que, en gran parte, «han padecido más esta crisis fiscal».

«Es necesario acordar una nueva referencia de los recursos para garantizar los servicios públicos fundamentales desde la prestación de un Estado del bienestar vigoroso», ha defendido en su intervención Puig.

El decálogo presentado por el Gobierno valenciano defiende también que la asignación de recursos a las comunidades autónomas debe hacerse desde la «equidad interterritorial«, atendiendo a criterios de necesidad «transparentes, basados en la población y sus características».

El tercer elemento del acuerdo pasa por «reforzar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas», de forma que sus compromisos de gasto vayan acompañados por la responsabilidad de demandar a sus contribuyentes sin que se produzca ‘dumping fiscal’.

Por último, un cuarto pilar debe contemplar «cómo recuperar el equilibrio presupuestario y la normalidad financiera, poniendo fin a los mecanismos extraordinarios de financiación», como es el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), que «está siendo un instrumento que solo aporta mayor endeudamiento sin dar solución definitiva», ha lamentado el president.

Puig ha recordado que «hay una parte de la infrafinanciación, vinculada a la deuda, que debe ser asumida por el conjunto del Estado». De no mutualizarse ese endeudamiento, «se prolongará hacia el futuro la discriminación padecida en el pasado», ha advertido.

Inversión y tasa de reposición

Puig también ha trasladado a Rajoy el problema de infrainversión que padece la Comunitat Valenciana y que, como ha recalcado, supone «una limitación del crecimiento económico».

Por ello, ha avanzado que en las próximas semanas se producirá una reunión con el ministro de Fomento, Íñigo De la Serna, para plantear las reivindicaciones fundamentales que componen la ‘Agenda Valenciana de Infraestructuras‘, como el Corredor Mediterráneo.

Otro de los asuntos que se han tratado es la necesidad de acabar con la limitación de las tasas de reposición y los recortes, que han llevado a que la Administración valenciana sea la segunda con menos funcionarios por cada mil habitantes, lo que «genera problemas a la hora de gestionar adecuadamente», ha denunciado Puig, asunto que abordará próximamente en una reunión con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro.