Jorge Rodríguez,  presidente de la Diputación Provincial de València

– Esta situación que ahora plantea, el tamaño a veces mínimo de algunos municipios, abre otro debate: ¿el por qué y el para qué de determinados municipios, que carecen de masa crítica suficiente para la cobertura de los servicios que consumen?

– El problema que plantea es efectivo, pero los municipios, desde el momento en que existen, normalmente es porque tienen una realidad histórica que los sustenta. En mi opinión, la clave del tema es otra. El principal problema de carácter administrativo que tenemos en España es la multiplicidad de administraciones, pero es tal problema porque nunca se ha querido abordar en serio un reparto de competencias entre las administraciones existentes, dejando siempre abierto el principio de subsidiariedad.

Para explicar esto siempre pongo el mismo ejemplo: las carreteras. En la red viaria podemos encontrar bastantes casos en los que, para una misma vía, un tramo sea titularidad del Ministerio, otro de la Generalitat, el tercero de la Diputación y al final del municipio. Sobre cinco kilómetros de carretera podemos encontrar trabajando cuatro empresas de mantenimiento. No tiene ningún sentido. Lo lógico sería que las infraestructuras viarias fueran responsabilidad de una Administración y que las gestione con una visión de conjunto.

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Estando transferidas a la Generalitat el 100 % de competencias en materia de atención hospitalaria, ¿tiene lógica que la Diputación de València, como es el caso, continúe siendo titular de un hospital? En mi opinión, no; no tiene mucho sentido. Pero es que, además, también tenemos un colegio de enseñanza media, de integración de personas sordomudas. ¿No sería más lógico que ese servicio se lo quede la Generalitat, que es donde están las competencias de Educación?

Todo esto son disfuncionalidades que evidencian la necesidad de reordenar el mapa de competencias. Tenemos que dar prioridad a la eficacia y eficiencia en la prestación del servicio público, así dejaremos de gastar recursos que no tenemos y daremos un mejor servicio.

Este debate, normalmente se acaba simplificando en dos puntos: la eliminación del Senado y de las Diputaciones. Si de verdad fuera tan simple, que desaparezcan mañana. El problema es que el Senado, como cámara de doble lectura, probablemente no tiene mucho sentido, pero como cámara de representación y resolución de los problemas de carácter territorial, sí que lo podría tener. Y las diputaciones no tienen sentido si de manera continuada chocan en sus competencias, por abajo con los municipios y por arriba con la Generalitat. O se clarifica el mapa competencial, que no depende de nosotros o, como mínimo, se extiende una coordinación de la lealtad por abajo y por arriba.

Coordinación, mucha coordinación

– Concretamente, ¿qué está haciendo al respecto la Diputación de València?

– A falta de una mejor solución, hemos decidido que, como los municipios son nuestros principales ‘clientes’, démosles todo el protagonismo, cediendo recursos para que los puedan gestionar. Y por arriba, cooperamos y nos coordinamos con la Generalitat.

Por ejemplo, si la Conselleria no puede hacer frente a una mejora de colegios, abordamos conjuntamente el problema, de modo que nos dicen en qué colegios hay que invertir, nosotros transferimos el dinero acordado a los municipios correspondientes y son los ayuntamientos los que formalizan la inversión. ¿Hay demanda de centros para personas mayores, enfermos de Alzheimer o de acogida infantil? Llegamos a un acuerdo con la Generalitat para que nos diga de qué nos podemos encargar, le damos el dinero al ayuntamiento correspondiente y él hace el centro.

– Uno de los retos más importantes es todo lo relacionado con la digitalización, donde las TIC son fundamentales. ¿Cómo están la Diputación y provincia al respecto?

– En esta cuestión hay dos vertientes. Por una parte, la situación de la propia Administración local y provincial. Por ley estamos obligados a implantar la administración electrónica y estamos apoyándola en los municipios más pequeños, que no tienen capacidad para resolver este tema.

El proceso, en la Diputación, está muy avanzado e intentamos que se aplique en la totalidad de municipios, de forma que cualquier ciudadano pueda dirigirse a la Administración de forma telemática.

La otra parte son las actuaciones de la Diputación en materia de mejora de infraestructuras; sobre todo, infraestructuras de carácter productivo. Estamos hablando de actuaciones concretas, que afectan a municipios muy pequeños, sin capacidad inversora.

Por ejemplo, Titaguas, que tiene una empresa de dulces. Para crecer, esta empresa necesita reforzar el suministro eléctrico y la actuación tiene un coste de 400.000 euros, imposible de pagar por Titaguas. Si la empresa no podía crecer, se marchaba. La Diputación dio ese dinero para garantizar esos puestos de trabajo en la población.

Otro caso: en Higueruelas está instalada Power Electronics. Para crecer, necesitaba una recalificación de suelo industrial y el ayuntamiento, para hacerla, necesitaba un acceso viario con un coste de 300.000 euros. La empresa da trabajo a todo el pueblo y parte de la comarca. Inyectamos una ayuda de más de 100.000 euros que, junto con recursos municipales, han permitido el acceso, la recalificación del suelo y el crecimiento de la compañía.