Jorge Rodríguez, presidente de la Diputación de València

– A diferencia de lo que sucede en la Generalitat, parece que la Diputación goza de buena situación económica. ¿Es así?

– En principio, sí. Al provenir sus ingresos de transferencias del Estado, la Diputación no supone lo que va a ingresar, sino que lo sabe. El Ministerio de Hacienda nos ingresa según lo que cree que va a recaudar, y si luego no recaudan lo presupuestado, nosotros no lo devolvemos, sino que nos lo detraen de la siguiente liquidación. Por otra parte, en materia recaudatoria no cobramos impuestos y las tasas que tenemos tienen poca incidencia en el presupuesto. Además, al financiar la Diputación mucha inversión a largo plazo mediante transferencias a los municipios, si ellos se demoran en justificarlo, en la liquidación anual no aparece como gastado, sino que se arrastra de un año a otro.

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Por ejemplo, a partir del verano de 2014 esta Diputación se colapsó: el anterior presidente (Alfonso Rus) prácticamente dejó de venir, casi todos sus colaboradores estaban afectados por en algún lío y se dejó de gestionar. Cuando en julio de 2015 llegamos el actual equipo, había 72 millones de euros como remanente de Tesorería. En situaciones como esa, el anterior equipo lo ingresaba en el banco para que le diera intereses o, incluso, compraban Letras del Tesoro. Nosotros pusimos en marcha un plan de infraestructuras de 72 millones, que se repartieron con criterio objetivo a todos los municipios.

Con eso se permitió que se pusieran en marcha unos 1.200 proyectos de obra, que acabaron generando en torno a 2.000-2.500 puestos de trabajo repartidos por toda la provincia. Además permitió que los gobiernos municipales que entraban tuvieran la oportunidad de desarrollar ya su propio proyecto político porque tenían caja.

– Una de las partidas fundamentales de gasto en cualquier Administración es la de personal ¿Cuál es hoy la plantilla de la Diputación de València? ¿Hay planes de ampliación o va a consolidarse?

– Funcionarios de la Diputación hay unos 2.000 y en empresas públicas dependientes, unos 700 más. En esta legislatura se jubilará un 25-30% de la plantilla, pues con la llegada de la democracia, a finales de los 70, hubo una explosión de empleo público, gente que entró con 30 años y hoy tiene 65; por eso habrá tantas salidas. Pero, además, desde hace cuatro o cinco años hay congelación de plantilla; no se han podido convocar plazas salvo que se pudieran justificar como servicio público imprescindible; básicamente, policías y bomberos. Como mucho, una plaza de administrativo de cada diez.

Por tanto, ya en este momento tenemos déficit de personal y, a medida que avance la legislatura y vayan produciéndose jubilaciones, este será mayor. Cierto es que, por la vía de los planes de empleo de la Generalitat, hemos recibido un millón de euros de subvención y hemos contratado 57 personas menores de 30 años, para subsanar las deficiencias más acuciantes: ingenieros, arquitectos, licenciados en Derecho, en Económicas…