La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico ha empezado a formar  a los empleados públicos para extender la licitación electrónica a toda de la Generalitat. De esta forma, se irá  eliminando progresivamente el papel en este tipo de trámites con el objetivo de agilizar los procedimientos y aumentar la transparencia de los mismos.

«Teniendo en cuenta el retraso que acumulábamos en esta materia, la implantación de la administración electrónica va a suponer una revolución y marcará un antes y un después en la forma de trabajar en la administración«, ha destacado el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler.

«Desde el Consell somos conscientes de que no podemos perder este tren, porque las sociedades que más se hayan adaptado al cambio tecnológico serán aquellas que estén en mejores condiciones para liderar la transformación del modelo productivo y el avance hacia una economía generadora de crecimiento y empleo«, ha indicado el conseller.

Vicent Soler ha realizado estas declaraciones durante la visita que ha realizado hoy a la sede del Instituto Valenciano de la Administración Pública( IVAP) para comprobar de primera mano cómo se desarrollan los cursos que se están impartiendo a empleados públicos en materia de licitación electrónica. La idea es que estos cursos se vayan realizando a través del IVAP como formación especializada y, asimismo, extenderlos al sector empresarial y fundacional de la Generalitat.

La Directiva 2014/24/UE establece abril de 2017 como fecha para la total implantación de la licitación electrónica para las centrales de compras, algo que por parte de la Generalitat ya se ha conseguido, puesto que la Central de Compras lleva desde 2013 utilizando este sistema. Asimismo, para aquellos organismos que no son centrales de compra el plazo establecido es abril de 2018, pero la Conselleria de Hacienda espera que se ponga en marcha antes incluso de este plazo.

El Plan Estratégico de la Generalitat en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 2016-2020 cuenta con un presupuesto estimado de 560 millones de euros para promover la trasformación digital de la Administración.