El sistema de impuestos autonómicos adquiere en estos momentos una importancia capital, cuando empieza la negociación para definir un nuevo marco impositivo que acabe con la infrafinanciación de algunas autonomías, como es el caso de la Comunidad Valenciana.

Hoy se ha presentado en el Colegio de Economistas de Valencia, y con la presencia de los decanos de los tres colegios provinciales, el Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2017 que edita la Revista de Información Fiscal. Se trata de un documento relevante a la hora de conocer cual es la situación fiscal que afecta a los territorios autonómicos y forales. Una situación fiscal que no puede ser más difusa.

A la presentación asistió también la subdirectora de Tributos, Sonia Díaz, quien avanzó las novedades que contempla la Ley de Medidas Fiscales aplicables desde el 1 de enero de 2017.

Un momento de la presentación del Panorama Fiscal Autonómico 2017

El agua como objeto impositivo

Jesús Sanmartín, del Consejo General de Economistas de España y presidente del  Registro de Economistas de Asesores Fiscales (REAF), resumió la situación de forma breve: en España existen 79 impuestos autonómicos que suponen el 2,2% del total de la recaudación fiscal nacional y el 77% de esa recaudación corresponde a impuestos … sobre el agua. Sanmartín puso de manifiesto que hay impuesto que no se justifican, cuya recaudación es más costosa que lo recaudado.

Además de los impuestos propios de las autonomías, están los cedidos y aquellos de índole estatal sobre los que las comunidades pueden aplicar un gravamen, como es el caso del IRPF. En este caso, las distintas legislaciones fiscales autonómicas fijan bonificaciones, exenciones, desgravaciones … que derriban cualquier comparación. Por todo ello, Sanmartín señaló que para negociar un nuevos sistema de financiación autonómica es preciso poner un punto de partida común en el que se mantenga la corresponsabilidad y que la subida o bajada de la recaudación esté relacionada con la mayor o menor prestación de servicios y se elimine la competencia desleal entre comunidades autónomas.

Para Sanmartín, el actual sistema es opaco y produce resultados arbitrarios; no cumple el principio de corresponsabilidad ni está claro como llega el dinero a las autonomías, porque existen distintos criterios de reparto. Añadió que hay impuestos obsoletos en un sistema moderno. Como ejemplo puso que los tipos en el IRPF pueden ir del 6 al 12%; en patrimonio, sucesiones y donaciones del 0 al infinito o transmisiones patrimoniales del 40 al 67%. «Un lío -manifestó- porque hay muchos cambios, hay poco control en bonificaciones, exenciones, desgravaciones, requisitos exigidos … Y no existe un texto refundido que es necesario».

Descenso de la recaudación de los impuestos cedidos

Recordó que la recaudación de los grandes impuestos -IRPF, IS o IVA- aumenta por encima del PIB, mientras que los cedidos a las autonomías bajan su recaudación. Puso como ejemplo el de patrimonio que en la Comunidad Valenciana ha pasado de recaudar 200 millones de euros a 111 millones o el de transmisiones que pasó de 1.000 a 642 millones o, más relevante aún, el de actos jurídicos, de 1.074 a 156 millones de euros.

Sanmartín también se refirió la capacidad creativa fiscal, como los impuestos sobre bebidas refrescantes o los coches que entran y salen de los aparcamientos.

Por su parte, Luis del Amo, secretario del REAF, resumió las principales novedades que afectan al sistema fiscal en 2017 y las diferentes actuaciones de las comunidades autónomas sobre los impuestos cedidos, actuaciones que no contribuyen a crear una plataforma unificada. 

Novedades 2017 en la Comunidad Valenciana

La subdirectora de Tributos de la Generalitat, Sonia Díaz, resumió las novedades fiscales para 2017. En el caso del IRPF destacó las deducciones por familia monoparental, autoconsumo energético, rehabilitación de la vivienda, el bono cultural y la nueva escala autonómica aplicable al IRPF que beneficia a las rentas bajas y medias, mientras aumenta en las rentas altas. Se reduce el primer tramo de tipo aplicable del 11,9% al 10%; se aumentan los tramos de 6 a 8, introduciendo dos nuevos escalones de base liquidable; se reduce de 18,45% al 18% el tipo marginal aplicable a las rentas medias, entre 30.000-50.000€ y se aumenta la progresividad elevando los tipos marginales de los tres últimos tramos.

En el caso de sucesiones y donaciones, equiparación de la unión de hecho al vínculo matrimonial; la equiparación de tratamiento a los familiares colaterales, la modificación de loa beneficios fiscales o la limitación a 10 millones en la cifra de negocio de los beneficios autonómicos por adquisición mortis causa e intervivos de empresas a las empresas de reducida dimensión. Se mantiene la reducción en base imponible vigente en su importe actual, 100.000 € y se modifica la bonificación en cuota por parentesco (hijos mayores de 21 años y cónyuge) con el causante  del 75% al 50%.

En el caso de Actos Jurídicos Documentados, bonificación en materia de novación de préstamos y créditos vinculados con la mejora financiera y la vivienda habitual. Aumenta el Impuesto sobre determinados medios de transporte y en el impuesto sobre hidrocarburos, se amplía la vigencia del tipo de devolución del gasóleo profesional para los transportistas.

Díaz se refirió también al informe solicitado a un consejo de expertos sobre figuras fiscales y que ha servido para proyectar el actual sistema tributario autonómico. Entre las recomendaciones figura la lucha contra el fraude, una mayor progresividad de la imposición, la desgravación de los abonos culturales o la implantación de una tasa turística. De las 17 recomendaciones específicas realizadas por la comisión de expertos se han adoptado 14. Entre las que se ha quedado fuera está la tasa turística, por la oposición que ha mostrado el sector turístico, aunque es una tasa cuya recaudación -aseguró Díaz– revierte en el turismo, está implantada ya en Baleares o Cataluña sin que haya supuesto la pérdida de visitantes y está generalizada en las ciudades más turísticas del mundo.

Preguntados los expertos fiscales por la acusación de dumping fiscal a la comunidad de Madrid, todos se mostraron de acuerdo, recalcando que, además, es la comunidad de mayor recaudación. Sobre el impuesto de sucesiones al que la empresa familiar acusa de ser un serio impedimiento para la superviviencia de las firmas, Díaz asumió que no están explicando bien la reforma e insistió en que no perjudica a las empresas de menor tamaño.