Los expertos y directivos -catedráticos, responsables de fiscalidad de compañías nacionales e internacionales y responsables de asociaciones profesionales- se muestran contrarios a la reforma del Impuesto sobre Sociedades aprobada por el Gobierno, el pasado mes de diciembre, dentro del paquete de medidas tributarias para la consolidación de las finanzas públicas. El 60% considera que va a afectar en mayor o menor medida a la competitividad de las empresas españolas y al crecimiento económico. Y un 42% cree que no se van a conseguir los objetivos recaudatorios previstos. Estas son algunas de las principales conclusiones del Consenso Fiscal, correspondiente al primer semestre de 2017, que elabora PwC Tax and Legal Services, a partir de la opinión de un panel de expertos y directivos.

Pero del Consenso Fiscal se desprende que las discrepancias de los encuestados no vienen tanto porque el Impuesto de Sociedades haya sido el principal tributo elegido para incrementar los ingresos del Estado –un 46% se muestra contrario, un 38% dice no tener una opinión definida al respecto y un 16% está de acuerdo-, como por el contenido de la reforma propuesta. En concreto, el 71% de los encuestados están en desacuerdo con la limitación adicional a la compensación de bases imponibles negativas para las grandes empresas; el 74% con la limitación adicional a la deducción por doble imposición; y un 78% con cómo se ha articulado el establecimiento de un pago fraccionado mínimo en el Impuesto sobre Sociedades. Además, un 60% es contrario a la limitación a la deducibilidad de pérdidas por la transmisión de participaciones. Pero lo que mayor rechazo suscita es la decisión del Ejecutivo de aplicar todas estas medidas con carácter retroactivo. Una circunstancia que aglutina el rechazo del 83% de los encuestados.

La subida de los Impuestos Especiales planteada por el Gobierno ha sido el aspecto que ha generado mayor respaldo entre los expertos y directivos: el 48% se muestra de acuerdo, en mayor o menor medida, y sólo un 24% se declara contrario.

El 78% de los encuestados en el Consenso Fiscal considera que el nivel de carga impositiva en España aumentará en 2017, una opinión que aumenta 15 puntos en relación al Consenso anterior. Este incremento no vendrá dado, en opinión de los expertos, por el aumento de la presión fiscal asociada a las rentas del trabajo –cerca de un 90% sigue pensando que es muy alta- o ni los impuestos indirectos sino por la vía de las empresas. Aumentan de 54% al 77%, respecto al consenso anterior, los que piensan que el nivel de presión fiscal de las empresas será mayor este año. Lo que si se produce es un claro posicionamiento de los expertos y directivos a favor de incrementar la proporción de los ingresos procedentes de la fiscalidad indirecta respecto a los de la directa.

La encuesta muestra un empeoramiento de la opinión de los expertos y directivos sobre el sistema tributario español en relación con la inversión empresarial: aumenta del 45% al 58% la proporción de los que piensan que en 2017 será menos favorecedor. Y se incrementa en veinte puntos, hasta el 60%, los que afirman que no favorecerá la internacionalización de las compañías españolas.

Los panelistas del Consenso consideran mayoritariamente –el 64%- que en términos de seguridad jurídica el sistema tributario español es poco o muy poco seguro e, incluso, un 53% estima que esta inseguridad aumentará en 2017. En cuanto al fraude fiscal en nuestro país, el porcentaje de los que lo consideran muy elevado se mantiene en torno al 65% de los encuestados. Sin embargo, aumenta del 25% al 43% los que piensan que el fraude fiscal crecerá en España en 2017.

Finalmente, y en materia de tributos y Seguridad Social, la encuesta refleja un incremento –del 38% al 51%- de los que valoran positivamente las propuestas de la OCDE de una reducción de las cotizaciones sociales a cambio de subir los impuestos indirectos. Además, por primera vez, se pregunta a los expertos y directivos que integran el panel de Consenso Fiscal sobre la posibilidad de que determinadas pensiones no contributivas pasen a financiarse a través de impuestos. El resultado es una opinión muy divida a partes iguales entre los que piensan que sería negativo –un 32%-, y los que lo consideran positivo –otro 32%-.