Hacienda indigna al Consell al retrasar el pago a la Comunidad Valenciana de 879 millones pendientes

La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, ha censurado al Ministerio de Hacienda por la previsión de este departamento de no desembolsar el FLA pendiente de la Comunidad Valenciana, un total de 879 millones entre los préstamos del fondo extraordinario y el ordinario del ejercicio, hasta dentro de un mes, entre el 8 y el 15 de enero, una vez transcurridas las campañas de Navidades y de Reyes.

Clara Ferrando

Clara Ferrando

Es un golpe inmerecido a las empresas, proveedores y familias valencianas, amén de que se está hurtando a la economía valenciana de una inyección económica cercana a los mil millones en los días previos a unas campañas comerciales que son estratégicas y vitales para multitud de sectores socioeconómicos”, ha subrayado Ferrando, quien no ha ocultado su “indignación” por la “falta de sensibilidad” del Gobierno central hacia las comunidades autónomas en general y, en particular, hacia la Comunitat Valenciana, una de las mayores receptoras del FLA como consecuencia de la infrafinanciación.

“Nos dan préstamos que hay que devolver, en lugar de recursos propios, como a otras comunidades, y en encima nos escamotean la transferencia sin pensar en las consecuencias sobre la economía valenciana“, ha señalado Ferrando.

La decisión de Hacienda responde a la petición de la Generalitat de hace unas semanas que solicitada el desembolso efectivo de los 879 millones antes de final de año. Un dinero que, como recuerda Ferrando, “es nuestro y nos lo debe el Estado. Esto supone que no vamos a poder pagar como hubiéramos querido a los proveedores valencianos, a miles de familias que no van a poder hacer una campaña de Navidad, de Papá Noel, y tampoco de Reyes, como era la voluntad del Gobierno valenciano”.

“Ya no están en funciones, no tienen excusas”

“Nuestros proveedores -ha subrayado Ferrando- no solo son los miles de familias valencianas, sino que es también la Dependencia, las farmacias y otras necesidades básicas y fundamentales que hay que atender. La indignación no tiene límites como representantes de la Generalitat cuando vemos que no podemos disponer de nuestra autonomía financiera y, sobre todo, de dinero que es nuestro, de los cinco millones de valencianos y valencianas porque los retiene el Estado y un gobierno ya conformado. Hasta ahora alegaban el pretexto de que estaban en funciones; ahora ya están en plenitud de funciones y, sin embargo, han sido incapaces de realizar un esfuerzo de agilizar los trámites para no castigar a las empresas, proveedores y familias, y siguen disponiendo de la autonomía financiera de las comunidades autónomas”.

Según ha explicado Ferrando, de los 879 millones citados, 457 millones corresponden al FLA extraordinario, que permite cubrir la desviación del déficit de 2015. En concreto, esa cantidad corresponde al 25% que quedó pendiente en junio del total de la desviación. Los restantes 422 millones son las cuatro décimas de incremento -del 0,3% al 0,7% del PIB regional- aprobado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera.

La Comunitat votó en contra al considerar totalmente insuficiente el incremento, atendiendo a las competencias asignadas a las autonomías y a la infrafinanciación de la Comunitat.”El remate es que esas cuatro décimas ni siquiera son capaces de transferirlas a las comunidades en tiempo y forma, dañando al tejido productivo”, ha criticado Ferrando.

“No es de recibo que el Estado disponga de esta forma de la autonomía financiera de las comunidades autónomas y, en concreto, de la valenciana. En todo caso, debería hacerlo con mayor rigor y pensando en las numerosas empresas y familias afectadas. Es inaudito que las comunidades autónomas estemos a expensas de la agenda del presidente del Gobierno, que es el que preside la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, con el fin de disponer de un dinero que es de las comunidades y que, en nuestro caso, podamos pagar a miles y miles de proveedores valencianos”. Ferrando ha añadido que, en estas circunstancias, “resulta absurdo cualquier reproche sobre el periodo de pago a los proveedores, que aumentará por un Gobierno incapaz de actuar con agilidad”.

 

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