La patronal autonómica Cierval (Confederación de Organizaciones Empresariales de la Comunidad Valenciana) ha trasladado el borrador de sus nuevos estatutos a los presidentes de las tres organizaciones provinciales que forman parte de la institución CEC (Castellón), CEV (Valencia) y Coepa (Alicante).

Según explica la entidad, presidida por José Vicente González, han sido redactados por un consultor externo y «siguen fielmente los principios del documento original». Según se ha acordado, en las próximas semanas, los presidentes de Cierval y de las organizaciones provinciales negociarán las modificaciones que eventualmente se puedan introducir en este borrador, de forma que puedan, posteriormente ser aprobados en sus respectivos órganos de gobierno. El «consenso» sobre los nuevos estatutos sería necesario alcanzarlo en cualquier caso antes del 31 de octubre, fecha establecida por el propio González para concluir el proceso.

Si bien, este trabajo puesto en marcha para la reforma del modelo de Cierval, «cuyos fundamentos fueron presentados a la junta directiva de Cierval el pasado mes de julio y  acogidos de forma favorable», a saber: un modelo que da entrada a las federaciones sectoriales y a las empresas directamente para que contribuyan al sostenimiento económico de la entidad, diluyendo la representación territorial, presenta varios escollos.

El primero de ellos es precisamente las reticencias mostradas por parte de las patronales provinciales. El borrador contempla la permanencia de «intersectoriales provinciales», a las que se les reservaría una estructura mínima de representación territorial, tal y como señalaba esta misma semana Vicente Lafuente (presidente de Femeval y vicepresidente de la CEV). Sin embargo, esto parece no colmar los deseos de las provinciales, principalmente la alicantina Coepa, que ha expresado reiteradamente su voluntad de tener personalidad jurídica propia.

Ahora bien, la entidad alicantina, en concurso desde el pasado mes de marzo y «al borde de la liquidación» para algunos –con un pasivo de 4,8 millones de euros, una deuda de 3,9 millones por las obras de su centro de formación, además de lo que adeuda a la patronal autonómica que tuvo que provisionar 476.267 euros–, está pendiente de presentar su plan de viabilidad y la propuesta de convenio de acreedores ante el juzgado el próximo 29 de septiembre. 

Vencer las resistencias de Castellón, que a la delicada situación económica se le suma la investigación abierta por su presunto fraude en subvenciones,  puede ser algo más sencillo con la nueva etapa abierta tras la salida del que fuera su presidente durante casi tres décadas, José Roca y de su secretario general, Rafael Montero.

En cualquier caso, habrá que esperar a saber si logran su objetivo de mantener una representatividad en sus respectivos territorios, o si se suman al proyecto, sabiendo que lejos de contribuir al sostenimiento de la organización, Coepa y CEC adeudan alrededor de 700.000 euros en cuotas atrasadas. Solo Valencia está al día en los pagos. Sin embargo, aunar una voz fuerte de todo el empresariado de la Comunitat es una de la prioridades de José Vicente González.

No obstante, todo ese trabajo está condicionado además por el resultado del informe jurídico y económico que la CEV ha encargado a sus asesores fiscales para determinar  si es viable «su sacrificio» y absorción por parte de la autonómica. «Se sigue a la espera del resultado del informe solicitado conjuntamente por CEV y Cierval a asesores externos para conocer y analizar las consecuencias económicas y legales de una posible fusión entre CEV y Cierval», reza su comunicado. ¿Se da por sentado pues, que las provinciales de Alicante y Castellón se quedarían al margen de esa fusión?

Cierval solo puede subsistir si la provincial de Valencia, la única saneada, le aporta todo su balance, pero ¿quizás hubiera habido otra salida si se hubieran tomado medidas acertadas durante estos años de planes nunca concretados para integrar estructuras y compartir recursos entre las patronales? La situación ya no tiene vuelta de hoja y ahora la única salida que se ve viable, sin  llegar a la liquidación de Cierval, es el traspaso de los activos de la CEV a la patronal autonómica. Pero de facto, ¿la CEV ganará presencia y representatividad en la misma proporción en la que contribuya al rescate económico de Cierval? Porque de este modo, ¿a quién representará la entidad? ¿Tendrá sentido seguir considerando a Cierval como patronal autonómica si la integración de empresas y sectoriales de otras provincias es mínima?

Y dicho esto, ¿cómo justificará José Vicente González o, cualquiera que le dispute el liderazgo, su vicepresidencia en la Ceoe?