El Consell ha recibido el informe de la Intervención General de la Generalitat sobre los expedientes de anulación y baja por prescripción de liquidaciones tributarias tramitadas en el periodo entre 2012 y 2014 por las direcciones territoriales de Castellón, Valencia, Alicante y por las oficinas liquidadoras dependientes, en relación al Impuesto de Sucesiones y Donaciones y al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Es la primera vez que la Intervención General de la Generalitat realiza un informe de control sobre la prescripción de liquidaciones tributarias, que se encargó por el Consell en 2014 a raíz de la recomendación de la Inspección General del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Según los datos que figuran en el informe, entre los años 2012 y 2014 se anularon 37.457 liquidaciones tributarias por importe de 322.313.238,29 euros. De ellas, un total de 7.378 liquidaciones fueron anuladas por prescripción alcanzando un importe de 51.281.732,64 euros.

El resto, hasta las 37.457 citadas, responden a diferentes causas, fundamentalmente, a las sentencias del TEAR y del TSJCV que anularon las liquidaciones -anteriores a 2012- realizadas por la Generalitat en aplicación de diferentes sistemas de comprobación de valor de los inmuebles.

Una vez anulada una liquidación, se puede realizar una nueva, pero la Administración tiene un plazo de seis meses; si no se cumple, el procedimiento caduca. Entre otras circunstancias, cabe apuntar también el cambio de criterio de los tribunales en 2013, de forma que pasaron a considerar que los recursos no interrumpían el plazo de prescripción, que es de cuatro años.

El anterior Consell aplicó a lo largo de más de una década unos métodos de comprobación de valores, pese a que éstos eran sistemáticamente rechazados por los jueces en la Comunitat Valenciana. El informe detalla que el gasto en costas procesales derivado de las masivas anulaciones de liquidaciones por las sentencias del TSJCV en el periodo 2005 a 2015 ha sido de 15.864.064,82 euros.

El Instituto Valenciano de Administración Tributaria (IVAT) va a analizar las diferentes situaciones descritas en el informe en relación con las prescripciones y, al mismo tiempo, va a adoptar medidas para evitar que se produzcan en el futuro. Así, se ha diseñado un Plan de Actuación para aumentar el control y evitar las prescripciones tributarias, que contempla el establecimiento de un sistema de alarmas informáticas que permitan identificar con la adecuada antelación las liquidaciones con un elevado riesgo de prescripción. 

Potenciar el Departamento de Recaudación
Además, se está ultimando la modificación del decreto de reestructuración del IVAT con el fin de potenciar el Departamento de Recaudación, que presentaba notables debilidades. La intención es dotarle de medios personales y materiales adecuados para poder gestionar de forma más completa y pormenorizada el seguimiento del control de prescripciones y la gestión de los expedientes.

La Intervención General de la Generalitat recomienda, en ese sentido, la implantación de los mecanismos adecuados que garanticen un registro informático completo de las prescripciones. También pide que se establezcan controles de calidad que aseguren el impulso del procedimiento en plazos razonables, de forma que los plazos de tramitación no coloquen los expedientes al borde de la prescripción. Por ello, insta a fijar una guía de procedimientos que evite trámites ociosos, dilaciones indebidas y prioridades para la tramitación de expedientes.

La IGG plantea además la necesidad de establecer un sistema de comprobación de valores de los bienes inmuebles que se adecue a las exigencias del TSJCV o a la doctrina que definitivamente fije el Tribunal Supremo.

Dos campañas contra el fraude fiscal lanzadas en seis meses
En los seis primeros meses del año la Generalitat ha lanzados dos campañas para combatir la evasión fiscal, la primera, sobre el Impuesto de Patrimonio en el ejercicio de 2012, que ha permitido recuperar 2,12 millones de euros, y la segunda, sobre las operaciones de compraventa, herencias y donaciones no declaradas en el tercer trimestre de 2012, que ha logrado aflorar 720.000 euros en tributos no abonados por unos 600 contribuyentes.