Tamaño, transparencia y carácter del empresario son las tres grandes barreras para la inclusión de prácticas de buen gobierno en las empresas valencianas, según se puso de manifiesto en la mesa de debate «Los consejeros independientes en la empresa valenciana» organizada por la Universidad Europea de Valencia y la CEV, que se completó con la presentación del informe «La diversidad de género y los consejos de administración», por parte de Miriam Izquierdo.

Jorge Martí, Eva Turanzo, Elsa de Andrés y José Mª Ros

La primera cuestión que se puso sobre la mesa fue el carácter familiar de la empresa valenciana y la necesidad de diferenciar claramente el consejo de administración del consejo de familia. El hecho de que legalmente sólo sea exigible la presencia de consejeros independientes en sociedades cotizadas es, desde luego, la mayor barrera existente, aunque con la cada vez mayor complejidad legal, «muchos consejos de administración empiezan a plantearse la necesidad de profesionalizarse», como señaló José Mª Ros, consejero independiente. 

Jorge Martí, socio director de Uría Menéndez en la Comunidad Valenciana, señaló que la profesionalización del consejo es un tema de madurez. «Para asegurar la sucesión en la empresa -manifiestó- tienen que mejorar el gobierno corporativo y deben pensar en un consejo de administración en el que haya diversidad de género, sensibilidades, conocimientos y formación. Para conseguir esa diversidad es conveniente que haya independientes».

Martí recordó que lo que han sido hasta ahora recomendaciones se han convertido en obligaciones, al menos para las sociedades cotizadas, ya que la recomendación no ha sido suficiente para que los consejos de administración cambiaran su composición.

En este sentido, la moderadora de la mesa, Eva Turienzo, recordó que el porcentaje de consejeros independientes en las empresas españolas es del 39%, mientras que, por ejemplo, en los países nórdicos llega al 76%.

Elsa de Andrés, abogada del Estado y secretaria del consejo de Libertas7, centró su intervención en que las empresas deben perder el miedo a los consejeros independientes. Incidió en que lo importante es la adecuada elección de los consejeros en función de su formación, de lo que puedan aportar al análisis y a la estrategia de la empresa.

Ros citó un reciente estudio realizado por el Ivie para AVE que comparaba las empresas medias de la Comunidad Valenciana con las vascas, madrileñas y catalanas. Según este estudio, una de las mayores diferencias, además del tamaño, es la poca predisposición del empresario valenciano a aceptar propuestas de personas ajenas a su círculo de confianza, por muy expertas que sean. 

«Se debe elegir el consejero -señaló Ros– en función de la necesidad de la empresa». Entre las ventajas de contar con un consejero independiente citó el bajo coste económico y la posibilidad de prescindir de sus servicios sin indemnización cuando se considere necesario. «Las empresas valencianas -prosiguió- tienen mucho miedo todavía a abrir su empresa y todos hemos visto casos en los que el hijo (en Valencia tiene mucho peso lo del hereu) no debería ser el empresario».

Otro de los obstáculos, citó Jorge Martí, es la falta de costumbre de transparencia en la empresa y el tamaño. «Cuando se adquiere tamaño se empieza a ser consciente de que el empresario no puede llegar a todo», subrayó. En este sentido, agregó, que la información no fluye o no se comunica en tiempo al consejo de administración, con lo que se llega a las reuniones sin haberlas podido preparar adecuadamente. También recordó que el consejero independiente está para defender el interés social, no del propietario y debe tener la suficiente seguridad como para mantener su criterio en la toma de decisiones.

Especial énfasis se puso en la responsabilidad penal de los consejeros, según la nueva legislación. Martí señaló que se ha pasado de una situación en la que el consejero prácticamente no era responsable de nada a ser corresponsable de todo. Por eso es necesaria una buena preparación y que las actas del consejo reflejen fielmente los acuerdos adoptados y, sino se está de acuerdo con ellos, ser capaz de dimitir.