La nueva Ley de Auditoría de Cuentas aumenta el control y la transparencia sobre las EIP

Auditoría informe.indd

En junio entrará en vigor la nueva Ley de Auditoría de Cuentas (Ley 22/2015) que afecta sobre todo a las entidades de interés público (EIP) y que incluye modificaciones significativas con el fin de aumentar la transparencia y la independencia de los auditores.

La nueva LAC, que entrará en vigor en su totalidad el próximo mes de junio, tiene por objeto culminar el proceso de adaptación a la directiva europea de la normativa española relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales, tras su modificación por la Directiva 2014/56 y por el Reglamento comunitario 537/2014, sobre los requisitos específicos para las denominadas entidades de interés público (EIP).

[mepr-rule id=”598″ ifallowed=”show”]

En concreto, la reforma supone un cambio muy importante para las consideradas entidades de interés público (EIP) que son, según el Ministerio de Economía, las entidades de crédito, las aseguradoras y las cotizadas (incluidas las que operan en el Mercado Alternativo Bursátil).

Pero los cambios no terminan aquí. Antes de la reforma eran consideradas EIP todas aquellas sociedades con una facturación superior a los 200 millones de euros y más de 1.000 trabajadores, lo que significaba que en España había más de 8.000 EIP, un tercio de las más de 25.116 que hay en toda Europa. Después de la reforma, las cifras han cambiado y se consideran EIP aquellas entidades que alcanzan los 2.000 millones de euros de volumen de negocio y los 4.000 empleados, con lo que el número de EIP que hay en España se reduce hasta las 1.800 aproximadamente, una cifra más razonable, teniendo en cuenta que el tejido productivo español está integrado por pymes y una medida con la que están más de acuerdo las firmas auditoras.

Renovación de la firma auditora

Uno de los principales cambios que introduce la LAC  es que las entidades de interés público (EIP) deben cambiar cada diez años de firma auditora con posibilidad de prórroga de cuatro años más si se hace una auditoría conjunta con otro auditor. Además, existe la obligación de rotación del equipo principal responsable del trabajo de auditoría cada cinco años.

Servicios prohibidos

La nueva ley fija también una serie de servicios que el auditor no puede prestar a una EIP y sus filiales al mismo tiempo que las audita como son asesoramiento tributario, gestión fiscal y asistencia en inspecciones fiscales; contabilidad y preparación de registros contables y estados financieros; aquellos relacionados con las nóminas; concepción e implantación de procedimientos de control interno o gestión de riesgos relacionados con la información financiera; servicios jurídicos y aquellos que están relacionados con la función de auditoría interna.

Del mismo modo, los auditores tampoco podrán revisar las cuentas de aquellas empresas donde trabajen o tengan intereses sus familiares y allegados hasta un determinado nivel de parentesco.

Límites a los honorarios

Además, y con el fin de reforzar la independencia del auditor se establecen una serie de límites a los honorarios a través de dos vías: en el caso de servicios distintos de la auditoría, la retribución no puede superar durante tres o más ejercicios consecutivos el 70 % de la media de los honorarios por servicios de auditoría percibidos durante los tres últimos ejercicios; por otro lado  y para evitar la dependencia financiera respecto a una misma entidad, con carácter general los honorarios de esta no puedan superar en los tres últimos ejercicios el 15 % del total de ingresos percibidos por la sociedad auditora.

Informes más completos

Para favorecer la transparencia, se ha mejorado el contenido del informe para las EIP, incorporando al informe vigente actual una descripción de los riesgos considerados más significativos. Además, se deberá reportar a la Comisión de Auditoría un informe adicional al de Auditoría de Cuentas.

Igualmente, se amplían las competencias del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (Icac), en especial en la valoración de la existencia de riesgos sistémicos, el análisis de las declaraciones de los auditores, la remisión de información, etc. Los recursos necesarios para llevar a cabo estas funciones provendrán de las tasas del Icac.

Por último, en cuanto a infracciones y sanciones, se introducen ciertas modificaciones, las cuales afectan principalmente a la inclusión de nuevos tipos infractores como consecuencia de las nuevas obligaciones que se imponen, así como de cumplir con el mandato europeo de que las sanciones sean efectivas y disuasorias.   

[/mepr-rule]
[mepr-rule id=”598″ ifallowed=”hide”]

Para leer el artículo completo:
Suscríbase a la la edición digital de Economía 3;
con su cuenta de suscriptor

[/mepr-rule]

Suscríbete a nuestra newsletter