El Banco de España ha remitido a la SGR de la Comunitat Valenciana el pliego de cargos por la responsabilidad administrativa derivada del supuesto incumplimiento de cobertura de los recursos mínimos durante los meses previos a la refinanciación de su deuda, en julio de 2013.

El pasado mes de octubre de 2014, el Banco de España, actuando de oficio, abrió un expediente provisional sancionador a la Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana por incumplir el coeficiente mínimo de solvencia durante un período mayor de seis meses. Durante este tiempo, los recursos mínimos se situaron por debajo del 80% del mínimo establecido reglamentariamente.

Este expediente, extensivo a los consejeros que han pertenecido a los órganos de dirección de la entidad durante el tiempo en el que la Sociedad estuvo en dicha situación –excepto a todos aquellos consejeros que han permanecido en su cargo menos de seis meses-, tipifica las sanciones según la Ley 26/1988 de Disciplina e Intervención de las entidades de crédito.

De acuerdo con el procedimiento, a partir de la recepción del pliego de cargos, hay un periodo de 20 días hábiles para presentar alegaciones, fase tras la cual el Banco de España emitirá su propuesta de resolución.

En este sentido, Santiago de Santos, actual consejero delegado de la SGR, ha afirmado que este asunto no tiene ni tendrá impacto en el normal desarrollo de la Sociedad, centrada en su desarrollo comercial y en el cumplimiento de su plan de negocio. Asimismo, ha recordado que la SGR mantendrá su total disposición para colaborar con el Banco de España en todo lo que se precise y durante todo el procedimiento, tal y como se ha venido haciendo hasta la fecha.

Actualmente la SGR de la Comunitat Valenciana cuenta con un plan de negocio viable gracias a la operación de refinanciación que se materializó en el acuerdo marco de reestructuración con un pool de más de 30 entidades bancarias con el aval de la Generalitat. Esta operación, considerada como ayuda de estado compatible por la Comisión Europea, supuso el respaldo tanto del Banco de España como de las autoridades europeas al plan de negocio y de reestructuración que la sociedad ha llevado a cabo desde junio de 2012.