La Comisión Europea ha decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para
garantizar que la legislación española en materia de tributación de las inversiones en sociedades no residentes se ajusta al Derecho de la UE.

En virtud de la normativa española, el tratamiento fiscal de los dividendos de origen extranjero (es decir, los dividendos distribuidos por una sociedad no residente a una sociedad española) es más gravoso que el que se aplica a los dividendos de origen nacional (es decir, los dividendos distribuidos por sociedades residentes en España). Como consecuencia de ello, para poder acogerse al beneficio fiscal, una sociedad española que invierta en una sociedad no residente debe cumplir más condiciones (por ejemplo, volumen de ingresos y nivel de participación de los accionistas) que si lo hace en una sociedad nacional. En otros casos, el beneficio fiscal previsto en relación con los dividendos de origen nacional no se aplica a los dividendos de origen extranjero.

En junio de 2013, la Comisión envió a España un requerimiento en forma de dictamen motivado a España en el que se instaba a España a modificar sus disposiciones fiscales sobre las inversiones en sociedades no residentes, al considerar la Comisión Europea que vulneran el derecho de establecimiento, la libre prestación de servicios, el suministro transfronterizo de bienes y la libre circulación de capitales previstos en los Tratados de la UE. En vista de que no se ha modificado la normativa, la Comisión ha decidido llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia.