A juicio de los dirigentes patronales consultados por Economía3, la respuesta es rotunda: no. En general consideran que deben producirse cambios legislativos para que los retos a los que se enfrentan las empresas de sus sectores lleguen a buen puerto. En el caso de las industrias uno de los cambios que más obstaculiza la recuperación empresarial es el “asfixiante” incremento del coste de la energía y de las legislaciones medioambientales, así “como la excesiva fiscalidad que soportan, y una reglamentación laboral que, si bien con la última reforma ha dado un paso hacia la flexibilización, no acaba de demostrar su efectividad para crear empleo” añade Vicente Lafuente, presidente de Femeval.

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Además, desde esta patronal consideran prioritario que se actúe con más presión para acabar con la economía sumergida, “potenciando las inspecciones para eliminar esta lacra”. También exigen que las Administraciones acometan “de una vez por todas un plan de austeridad, donde prime un recorte del gasto público sin eliminar inversión productiva”.

José Serna, secretario general de Ateval, exige una legislación que proporcione mayor seguridad jurídica, que “las políticas arancelarias sean iguales para todos y unas menores cargas sociales así como lineas de apoyo a la fusiones de empresas y para facilitar la salida del producto al exterior. Sin olvidar un mayor control de la falsificación de productos y mejor defensa de la propiedad industrial”.

En la industria del azulejo, Isidro Zarzosa, presidente de Ascer, también expresa el rechazo del sector a la reforma energética. “Las medidas adoptadas -subraya- ponen en riesgo la viabilidad de la cogeneración instalada y la competitividad de las empresas, que ya tienen una cuenta de resultados global negativa y con márgenes operativos muy estrechos. Suponen un incremento de costes que las empresas deberán trasladar, mermando su competitividad y dejándoles fuera del mercado exterior”.

En el caso concreto de la industria del juguete, José Antonio Pastor, presidente de AEFJ, observa que con el marco legal actual, general y específico del juguete, “se hace muy difícil transmitir a la sociedad el valor del juego y el juguete para la infancia. Por ejemplo, el juego y el juguete siguen molestando en el entorno escolar, siendo que, en los países con mayor valoración en el informe Pisa, el juego y el juguete dominan la actividad docente hasta los 7 años. Aquí tienen un IVA de lujo y no están contemplados en el currículo escolar”.

En cualquier caso, añade, los cambios legislativos que se pudieran producir “deben ser proporcionales y buscar una efectividad real. El juguete, considera como producto prescindible, destinado a niños, sólo es objeto de legislación restrictiva, con medidas sobre el producto que no aportan beneficios reales al consumidor. Si la legislación y su control no están bien enfocadas, acaban desincentivando la innovación y alentando a la competencia desleal”.

Desde el punto de vista del sector TIC se avanza que la revolución digital será el centro una vez que todas las nuevas tecnologías que están desarrollándose confluyan y multipliquen sus efectos, lo que estiman se producirá en los próximos diez años. Es por ello, que el presidente de Estic, Joaquin Garrido reconoce el riesgo de desigualdad que puede generar el disfrute o no de esas ventajas, ante lo que “empresas y gobiernos tienen que trabajar juntos para crear las condiciones adecuadas”.

En 2013 el Gobierno aprobó la Ley de la Cadena Alimentaria, pero desde su entrada en vigor han sido pocos los resultados tangibles, de forma que desde AVA consideran que esta norma “se ha quedado a mitad camino”. Cristóbal Aguado aboga por que sea la propia UE la que legisle a nivel comunitario sobre este asunto y que lo haga de forma clara, rotunda y eficaz. Por su parte, Federico Félix, presidente de Fedacova, también opina que esta ley “podría ser fundamental si la sabemos utilizar”.