Fabra defiende una reestructuración integral del modelo administrativo

APD_Deloitte

Con la mirada del sector público puesta en “un nuevo modelo de relación con las empresas y el ciudadano”, la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y la firma de servicios profesionales Deloitte convocaron a más de un centenar de empresarios y profesionales para abordar el proceso de reforma que vive la administración pública.

[mepr-rule id=”598″ ifallowed=”show”]Durante la jornada, Deloitte, como una de las firmas líderes en el mercado de asesoramiento al sector público, con más de cuatrocientos profesionales y diez socios dedicados al desarrollo de este negocio, enumeró los retos de una administración emprendedora y competitiva. Entre otras medidas en favor de la eficiencia se pusieron sobre la mesa los procesos de externalización en la provisión de servicios públicos, planes de modernización, la gestión del cambio y la gestión de compras y pago a proveedores.

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra defendió durante el almuerzo-coloquio las medidas puestas en marcha por el Consell para impulsar una administración más austera, eficiente, reducida y racional, además de ágil, eficaz, participativa y menos intervencionista. Estos esfuerzos se traducirán, según el presidente, en una reestructuración integral y en profundidad del modelo administrativo que favorezca la presencia de “más sociedad civil y menos administración”.

Fabra señaló que el Consell está acometiendo la racionalización y reestructuración del sector público más ambiciosa de España, con el objetivo de ajustarse más a las necesidades actuales. “Entre 2011 y 2013, hemos reducido un 53% el presupuesto de las empresas públicas ahorrando más de 1.500 millones de euros. De 80 entidades en funcionamiento a principios de legislatura, terminaremos el año con 32 entes y sociedades públicas, un 60% menos”.

Por otro lado, Fabra aseguró que la Generalitat ha iniciado un ambicioso proceso de reducción normativa –como la revisión integral de la normativa urbanística– y anunció la agrupación en un solo texto de prácticamente toda la legislación educativa por un lado y de toda la legislación en materia de agricultura, pesca y ganadería, por otro.

SIMPLIFICACIÓN

Además, el presidente se comprometió a lanzar una consulta a la sociedad para detectar las 10 normas autonómicas que más dificultan la actividad empresarial y el día a día de los ciudadanos con el compromiso de modificarlas antes de que acabe la legislatura.

CiervalRespondía así a una de las demandas de los empresarios, expresada por el presidente de Cierval, José Vicente González, quien animó a las administraciones públicas a ser “valientes”, “tanto en su actuación diaria, para no complicarle la vida a los ciudadanos y a las empresas –dijo–, como en la implantación de políticas que propicien el crecimiento económico y la creación de empleo”.

González urgió a “legislar menos y legislar mejor” y defendió un rediseño completo de la administración que debía partir de dos bases: focalizar todos los procesos administrativos en el cliente –empresas y ciudadanos– y no aceptar como inevitable algo, simplemente, “porque siempre se ha hecho así”.

González coincidió con el presidente Fabra en exigir una financiación estatal por habitante equivalente, como mínimo a la media nacional. “Nuestra exigencia está absolutamente fundada ya que tenemos una renta per cápita que es el 87,7% de la media nacional. Algunas autonomías llegan a recibir hasta 800 euros por habitante más que nosotros”. “Si recibiéramos por cada valenciano lo mismo que un catalán habríamos cumplido el objetivo de déficit y si hubiéramos recibido lo mismo que un cántabro tendríamos superávit”, expuso Fabra. “No puede ser que las trasferencias que recibamos del Estado no lleguen ni siquiera a cubrir los servicios básicos, tales como educación o sanidad”, aclaró.

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