Divina Pastora Seguros, patrono de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros.

Desde que estalló la crisis en España, hemos visto como la misma ha derivado en una áspera realidad. Esto ha planteado diversos debates que, por su peso económico y social, pueden ayudar a paliar, o en cuanto menos a suavizar, los obstáculos por los que atraviesan las finanzas estatales de nuestro entorno.

Uno de los temas de intenso debate es la privatización de la sanidad pública y, en el fondo, su financiación.

En situaciones como la que estamos atravesando no es nada novedoso que esta cuestión salga a la luz, como ya ha ocurrido en el pasado, debido a que la sanidad privada goza, entre otros, de elementos incentivadores encaminados a la eficiencia en la gestión y en la idea, cada día más extendida, de que la Seguridad Social es ineficiente.

Sin embargo, un análisis de la información de la que disponemos nos llevará a concluir que solo la complementariedad y convivencia de sanidad pública y sanidad privada garantizan el sostenimiento de las prestaciones y del mismo sistema sanitario.

Dado este marco y para poder llegar a esta conclusión, es necesario analizar la eficiencia, por un lado, y la eficacia, por el otro, del sector público frene al sector privado, dejando fuera del estudio los modelos de control del gasto implantados en el sector privado y el típico fenómeno conocido sobre la predisposición pública en la concesión de bajas médicas prolongadas, con una escasa motivación científica y que causa un deterioro importante en las cuentas del Estado y, por ende, a la eficiencia empresarial del país.

Si nos planteamos la cuestión de quién es más eficaz, seguramente no encontraremos una respuesta clara, al menos en España, dado que los dos sistemas, público y privado, aún cuando puedan solaparse en muchas prestaciones sanitarias, no son ni de lejos comparables.

SANIDAD PÚBLICA – SANIDAD PRIVADA 

En nuestro sistema, como no podía ser de otro modo en una sociedad avanzada, la sanidad pública es universal; es decir, atiende de forma gratuita a la mayor parte de la población residente en territorio español.

Incluye todas las actividades asistenciales de prevención, diagnóstico y tratamiento, así como la rehabilitación de cualquier tipo de enfermedades que se realicen en centros sanitarios o sociosanitarios, además del transporte sanitario.

De forma suplementaria, también se incluyen prestaciones farmacéuticas, hospitalarias y ambulatorias, prestaciones ortoprotésicas y otro tipo de servicios y técnicas accesorias, que son coadyuvantes o de apoyo para la mejora de una patología de carácter crónico.

Todas estas garantías son inmediatas para todos los ciudadanos, sin periodos carenciales y sin límite de edad para acceder a las mismas.

Por el contrario, en una póliza sanitaria privada, como está gestionada desde el punto de vista del retorno económico, existen numerosas exclusiones de cobertura.

El acceso a algunas prestaciones queda limitado por no superar determinados periodos carenciales y es habitual que presenten limitaciones en contratación según la edad y según determinadas patologías preexistentes del asegurado.

Es muy inusual que podamos encontrar en el mercado pólizas privadas que garanticen la cobertura en determinadas enfermedades como, por ejemplo, el VIH; que ofrezcan gratuitamente las medicinas de carácter ambulatorio o que garanticen prestaciones de carácter sociosanitario.

Con todos estos antecedentes y en términos de eficacia, que no de eficiencia, la sanidad pública es superior a la sanidad privada.

Pero en cuanto a eficiencia, la respuesta ya no es tan evidente. El gasto total en prestaciones sanitarias por persona está en 194,16 euros mensuales, según datos publicados por la OCDE. La misma fuente de información añade que el 75% del gasto global en sanidad proviene del sector público, lo que representa unos 145,60 euros mensuales por persona.

Si analizamos con profundidad estas cifras, deducimos que las mismas no son del todo reales, puesto que algo más de 8,78 millones de ciudadanos tienen contratado un seguro sanitario, por lo que no consumen, o solo en parte, recursos de la sanidad pública. Esto puede interpretarse como una subvención oculta al sistema público.

Si aproximadamente este 19% de la población total tiene un seguro de salud y el coste en servicios sanitarios por usuario ronda los 194 euros mensuales, comparando esta cifra con los 62 euros de prima mensual que de media resulta un seguro sanitario, podemos caer en el error de concluir que la sanidad privada es mucho más eficiente que la pública. Si bien, esto no es necesariamente así.

Un aspecto vital es la distribución en edades de la población. Los seguros privados no suelen asegurar (o tratan de evitarlo) a personas mayores de 60 años de edad; especialmente, porque las coberturas que mantienen en esas edades son limitadas y en nada comparables a las de la Seguridad Social.

Es difícil encontrar pólizas que admitan la cobertura sin límites de personas con patologías graves crónicas o con procesos de hospitalización de larga duración, en estado vegetativo o en coma indefinido.

Todos ellos representan facturas de cientos de miles de euros anuales. La prima de seguro necesaria para atender y garantizar sin límites todas estas prestaciones -que la sanidad pública sí garantiza-, sería tan elevada, que resultaría inasumible por cualquier persona.

Por tanto, ni la sanidad pública es tan eficiente por la financiación de aquellos que pagan su seguro privado, ni la sanidad privada es tan eficaz por las restricciones que presentan de acceso por edad y de cobertura que presentan.

PROYECCIONES DE FUTURO 

Según datos estadísticos proyectados por el INE, la población con edad igual o superior a 60 años en 2033 se incrementará un 50%, lo que supondrá un incremento sustancial del gasto público. Por ello, es necesario adoptar medidas para reducir el gasto y con ello garantizar prestaciones al resto de asegurados y beneficiarios con edades inferiores a 60 años de edad.

En este sentido, el Estado debe fomentar medidas de control del gasto y de redistribución, de manera que el sistema sanitario público sea financieramente sostenible, y aquellos ciudadanos que estén en condiciones de acceder al sistema privado tengan el incentivo necesario para hacerlo.

La privatización de la sanidad pública pretende reducir costes mejorando la gestión, pero no podemos obviar que la mejora realizada por un gestor privado debe ser remunerada y, en consecuencia, no parece el camino óptimo para lograr todo el margen de mejora.

El control del gasto empieza por el uso racional del servicio, y está probado que los sistemas de copago son efectivos, si bien deben ser dependientes de los niveles de renta de cada usuario, para mantener la necesaria redistribución.

Las políticas fiscales son también un instrumento frecuentemente comentado, si bien no tiene efectos triviales su implantación. El hecho de plantear deducciones genera una merma de ingresos de primer orden por el 17% de la población que ya tiene su seguro privado y, por tanto, genera la pregunta de cómo financiar esa primera reducción de ingresos de la Seguridad Social.

Pero existen otros sistemas, como el fomentar desgravaciones por el uso de la sanidad privada, o deducciones por la contratación de sistemas de prevención privado que la sanidad pública no posee y mejoran a largo plazo la salud del individuo en edades avanzadas, y previenen enfermedades de coste elevado, que solo la Seguridad Social gestiona.

En definitiva, entendemos que solo la complementariedad entre el sistema sanitario público y el privado nos conduce al sostenimiento de las prestaciones sanitarias y del sistema sanitario en general.

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