Nuevo proyecto de ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria

 Abogadas de Cuatrecasas Gonçalves Pereira. Patrono de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF).

2013-junio-opinion-FEBF-logoEl texto del Proyecto de Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria se encuentra actualmente en el Senado para su votación, tras haber sido aprobado por la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Congreso de los Diputados el pasado 22 de mayo de 2013. Todo apunta a que la futura ley verá la luz en julio, sin ninguna sorpresa con respecto al texto ya aprobado por el Congreso.

Este proyecto, junto con el de fomento de la integración de cooperativas y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario, ha nacido con la vocación de paliar los desequilibrios existentes entre los distintos operadores del sector agroalimentario y revertir en la mejora de su competitividad.

Como cuestión más llamativa, el proyecto introduce una batería de medidas imperativas para las relaciones contractuales entre los operadores de la cadena alimentaria, que inciden directamente en la libertad contractual de las partes contratantes (hasta el punto de incluir un régimen sancionador para el supuesto de incumplimiento de las mismas).

Operadores de la cadena alimentaria

Queremos llamar la atención sobre el ámbito de aplicación de esta ley después de aprobadas las enmiendas en el Congreso. Así, la ley será finalmente de aplicación (material) a las relaciones comerciales que se produzcan entre los operadores que intervienen en la cadena alimentaria, desde la producción a la distribución de alimentos o productos alimenticios, tal y como éstos se definen en el texto.

Como “cadena alimentaria” se entiende el conjunto de actividades que llevan a cabo los distintos operadores que intervienen en la producción, transformación y distribución de alimentos o productos alimenticios, excluyendo las actividades de transporte y de la hostelería y la restauración.

La exclusión de la hostelería y la restauración ha sido fruto de una de las enmiendas del Grupo Popular, que ha argumentado que estas actividades, al igual que el transporte, revisten características muy distintas a las que se dan en el canal de la alimentación.

En esta misma línea, la nueva ‘Exposición de Motivos’ del proyecto indica que quedan excluidos del ámbito de aplicación de la ley las relaciones comerciales con las empresas que operan en el canal de hostelería, tales como los puntos de venta o establecimientos minoristas como hoteles, restaurantes, bares y cafeterías (aclarando que se excluye la distribución de alimentos a hoteles y restaurantes).

Esta excepción tiene una enorme repercusión en la Comunidad Valenciana, dado el amplio número de relaciones contractuales que se dan entre la distribución alimentaria y las empresas que se dedican a la hostelería y la restauración. Con esta modificación de última hora, estas relaciones contractuales no quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley.

Aplicación

En cuanto a la aplicación espacial de la futura ley nacional, la misma sigue sin estar regulada en el texto actual. En línea de principio, esta norma será de aplicación a las relaciones contractuales entre nacionales españoles, a las celebradas en España y a aquellas en las que las partes acuerden someterse voluntariamente a ley española, siempre y cuando tenga alguna conexión con el negocio de que se trate. Sin embargo, es perfectamente posible que las partes excluyan la aplicación de la norma española a todo o parte del contrato.

De esta forma, es muy probable que un gran número de exportaciones estén sujetas a derecho extranjero y no les resulte de aplicación las disposiciones que impone el texto objeto de análisis. Lo mismo sucede con la regulación sobre plazos de pago incluida en la controvertida legislación nacional de morosidad (en relación con cuyo incumplimiento se prevén sanciones en el proyecto objeto de análisis).

Esta ausencia de regulación es nuevamente relevante para la Comunidad Valenciana, siendo esta Comunidad la tercera mayor región exportadora de productos agroalimentarios en España.

Precisamente para evitar que se frustre la finalidad perseguida por la norma, a falta de una previsión similar a la que prevé la Ley del Contrato de Agencia sobre el carácter imperativo de sus normas, sería conveniente una coordinación en sentido legislativo a nivel comunitario, todavía en estado incipiente.

Obligaciones contractuales

Por último, en lo que respecta a las obligaciones contractuales que establece el texto, entre las que se encuentra la de formalizar por escrito los contratos y la de recoger una serie de menciones mínimas en el contrato -por ejemplo el precio-, la norma excluye, de un lado, expresamente los contratos con consumidores y, de otro, se limita únicamente a contratos cuyo valor sea superior a 2.500 euros y siempre que las partes contratantes se encuentren en alguna de las situaciones que el proyecto califica de “desequilibrio” (que son, entre otros, que uno de los operadores tenga la condición de pyme y el otro no, y que uno de los operadores tenga una situación de dependencia económica respecto del otro, al menos en un 30% de la facturación).

No ha tenido cabida en el texto final la enmienda presentada por casi todos los grupos de la oposición, que pretendía con carácter general eliminar la limitación de la aplicación de las obligaciones contractuales a estas situaciones de “desequilibrio” (dejando el límite únicamente en los 2.500 euros).

Sin embargo, sí se ha incluido en el trámite parlamentario una excepción al condicionante de desequilibrio para el caso de los contratos de compraventa a futuro o con precio diferido. En tales casos, será siempre obligatoria la existencia de un contrato formalizado por escrito, salvo que con carácter previo se pueda estimar que el precio será inferior a 2.500 euros.

Con esta enmienda, no obstante, no se prohíbe la venta a resultas, como hubieran querido los representantes de los productores, sino que simplemente se recoge la obligación de formalización por escrito para este tipo de operaciones (cuando se prevea un precio superior a 2.500 euros), con la consiguiente obligación de establecer en el contrato los parámetros para la determinación del precio.

La venta a resultas es una práctica especialmente extendida en el sector cítrico de la Comunidad Valenciana, que representa aproximadamente un 70% de la producción total de cultivos en este territorio.

Generalitat Valenciana

Precisamente para evitar que el productor, parte sociológicamente más débil en la celebración del contrato, tenga que asumir el riesgo del precio de la cosecha, la Generalitat Valenciana está trabajando en un proyecto de ley denominado de los Contratos y otras Relaciones Jurídicas Agrarias, que reputa nulos los pactos por los que el agricultor persona física ceda las facultades de disposición sobre la cosecha a cambio de una retribución inicialmente indeterminada.

No hay duda de que con el proyecto de ley para la mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, junto con otras iniciativas legislativas, como la referida en la Comunidad Valenciana, se está dando un primer paso hacia el reequilibrio de las relaciones en el sector agroalimentario.

Por el momento, el texto presentado al Senado para su aprobación final ha dejado reducido el ámbito de aplicación de la norma única y exclusivamente al sector de distribución agroalimentaria en el territorio español (con la exclusión de los sectores de restauración y hostelería), incidiendo en la práctica arraigada especialmente en la Comunidad Valenciana del contrato de compra a resultas, con el establecimiento de la obligación de las partes de establecer por escrito los parámetros para la determinación del precio de la mercancía.

En este sentido, la iniciativa valenciana da un paso más allá para establecer la nulidad de este tipo de pactos en el caso de que, de su aplicación, se derive que el productor persona física está soportando el riesgo de la comercialización de la cosecha.

www.febf.org

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