La venta de la unidad de negocio como solución concursal

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Inmaculada.Torres

Asociadas responsables del área Concursal. José Domingo Monforte Abogados Asociados.

El concurso de acreedores es una herramienta útil para llevar a cabo la reestructuración empresarial en la medida que posibilita, con el apropiado uso de la protección concursal, conservar el patrimonio del deudor, dando continuidad económica a su actividad, en adecuada conciliación entre los intereses del concursado y sus acreedores.

Para lograr la satisfacción de los acreedores, la Ley Concursal prevé como soluciones del concurso, o bien lograr un convenio con los acreedores o, de no aprobarse u optar por ello el concursado, la liquidación de la empresa.

El legislador ha dejado patente la prioridad finalista de la conservación de la actividad profesional o empresarial del concursado, y ello tiene su reflejo en la propia exposición de motivos de la Ley Concursal.

Venta de la unidad de negocio

Eva Torres

Eva Torres

Ocupa nuestra atención ahora la solución concursal de la venta de la unidad de negocio en fase de liquidación.

Aún admitiéndose como un fracaso de la negociación con los acreedores ante situaciones de insolvencia instaurada, mantenida e irreversible dentro de la fase de liquidación, la Ley favorece y se inclina por la conservación de las empresas o unidades productivas de bienes y servicios integradas en la masa, mediante su enajenación como un todo -así lo refleja en su exposición de motivos de la norma-, buscando soluciones que garanticen la continuidad de la empresa y también el mantenimiento del empleo, salvo que resulte más conveniente a los intereses del concurso su división o la realización de bienes aislada.

Marisa Vinuesa

Marisa Vinuesa

Y así, el Plan de Liquidación debe contemplar la enajenación unitaria del conjunto de los bienes y servicios del concursado, o de algunos de ellos, siempre que sea factible, y como regla supletoria para la liquidación de la empresa, la Ley prevé, en primer lugar, la enajenación como un todo, considerando como ofertas preferentes las que garanticen la continuidad de la empresa o, en su caso, de las unidades productivas y de los puestos de trabajo.

El juez concursal

Cuando como consecuencia de la enajenación, mientras la entidad económica siga manteniendo su identidad -entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica-, se estaría ante un supuesto claro de sucesión de empresa a efectos laborales, lo que, sin duda, sería un impeditivo a esta opción.

Sin embargo, el Juez concursal puede autorizar que el adquirente no se subrogue en los salarios e indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación y derivarlos hasta el límite cubierto por el Fogasa, liberándole de las obligaciones con acreedores públicos; es decir, Seguridad Social y Hacienda.

Y ello para asegurar la viabilidad futura de la actividad y el mantenimiento del empleo, pudiendo con esta misma finalidad suscribir el adquiriente y los representantes de los trabajadores acuerdos, para la modificación de las condiciones colectivas de trabajo.

Cuerpo jurisdiccional

En este sentido, se ha formado un cuerpo jurisprudencial que viene manteniendo que los principios que pueden inferirse de la normativa concursal, permiten llenar la laguna legal, extendiendo la posibilidad de que el juez del concurso exonere al adquirente de la obligación general de subrogarse en las obligaciones con acreedores públicos, previstas en las leyes generales para situaciones no concursales, creando con ello una excepción a las reglas generales de protección del crédito laboral, en atención a los singulares intereses en juego.

Se evita así -con las necesarias cautelas- que la transmisión de la actividad que explota la deudora concursada resulte antieconómica, pues claramente no existirá ningún interesado en asumir una actividad si ha de hacerse responsable de todas las cargas laborales, o de las existentes con acreedores públicos (véase Auto 29-6-2010 de la Audiencia Provincial de Pontevedra).

Se concede, en definitiva, una segunda oportunidad para dar continuidad a la actividad empresarial, favoreciendo la transmisión y con las necesarias cautelas, para que ésta no resulte antirentable.

En conclusión, el tercero adquiere una unidad productiva sin asumir crédito concursal alguno. Para ello paga o compromete el pago de una cantidad que, de estimarse justa y adecuada, pasa a formar parte de la masa activa del concurso y, a partir de ahí, su reglada distribución entre los acreedores.

En busca de dicha finalidad conservadora de la empresa, la Ley prevé la posibilidad de realizar dicha venta incluso inicialmente en la llamada fase común, antes de la apertura de la fase de liquidación. Bien con autorización del Juez, bien por poder incluirse en alguno de los supuestos introducidos tras la reforma en la Ley 38/2011, entre los que están los actos de disposición que el Administrador Concursal considere indispensables para garantizar la viabilidad de la empresa, las necesidades de tesorería que exija la continuidad del concurso, o la venta de aquellos bienes no necesarios para la continuidad de la actividad cuando las ofertas recibidas coincidan sustancialmente con el valor del inventario.

A nuestro juicio, de nuevo es ese concepto metajurídico del “interés del concurso” el que posibilitará dar continuidad a la actividad económica, por lo general con desplazamiento de normas laborales, trasmitiendo, en definitiva, los activos pero no los pasivos.

www.josedomingomonforte.com

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